Por: David Casas

Jessica es una joven centroamericana que ingresó a México sin documentos en

2018. Meses después, en Chiapas, nació su hija Marina. La bebé se quedó con una

vecina, mientras ella iba al hospital por sus documentos. De regreso, agentes

migratorios la detuvieron y la deportaron. Dos días después retornó por su hija

recién nacida, pero la vecina se negó a entregársela y la obligó a prostituirse a

cambio de recuperarla.

Jessica fue víctima de trata sexual durante dos meses, cuando, de nueva cuenta,

fue deportada sin su bebé. En tanto, la vecina tramitó un acta administrativa para

hacerse cargo de Marina, argumentando un supuesto abandono de la madre. Al

poco tiempo, junto con su pareja, la registró como su hija, bajo otro nombre.

Jessica ingresó por tercera ocasión a México y denunció a su vecina ante las

autoridades por el delito de retención de menor y trata de personas. El Instituto

Federal de Defensoría Pública (IFDP) solicitó la protección de la justicia federal en

contra de los actos de diversas autoridades cometidos en detrimento de los

derechos de Marina.

La Defensoría pública exigió también la reunificación inmediata de la niña de un año

y tres meses de edad con su madre biológica. Jessica se encuentra en la CDMX,

es solicitante de asilo y tiene tarjeta de visitante por razones humanitarias.

En marzo de 2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Tapachula ordenó anular las

actas administrativas y de nacimiento tramitadas por la vecina. Exigió a la Fiscalía

contra la Trata de Personas en Tuxtla Gutiérrez vigilar que se registre a Marina para

que sea restituido su derecho a la identidad. Además, determinar un régimen de

convivencias con regularidad suficiente entre la niña y Jessica.

Finalmente, el 20 de agosto, Jessica registró a su hija y obtuvo el acta de nacimiento

en el Registro Civil de la CDMX. Este es un caso inédito porque se actuó en

representación de Marina y se demandó la reunificación familiar como un derecho

humano de migrantes y mexicanos por igual.

De esta forma el IFDP, que dirige Netzaí Sandoval Ballesteros, garantiza una justicia

de calidad en condiciones de igualdad.