El 9 de febrero de 2022 Ángel Manuel Moreno, de 14 años de edad murió por causas desconocidas en el albergue del DIF Fabriles  en Monterrey, institución que tenía su tutela; ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha calificado la muerte de Ángel como crimen de Estado.

La Fiscalía de Justicia tiene una investigación por homicidio y ha imputado a proceso a dos hombres, pero escapa por el momento el actual líder de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez quien era director de la institución, pero está amparado.

Cuando se supo de la muerte,  el gobierno estatal, se concretó a señalar que el adolescente falleció por un choque séptico de abdomen tras presentar problemas estomacales.

«Pese a los esfuerzos del personal médico de guardia, un choque séptico de abdomen agudo provocó el lamentable deceso. La tutela permanente del menor estaba a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se agotó hasta el último recurso para atenderlo», añadió.

 La imputación a proceso  se deriva de conductas cometidas por Miguel Ángel ‘N’, Mauricio Miguel ‘N’ y Raymundo Francisco ‘N’, por lo que, al primero se le vinculó por el delito de encubrimiento y, al segundo por homicidio.

 Hay un tercero, a quien se le identifica como Miguel Ángel ‘N’, pero que es Miguel Ángel Sánchez, quien en ese tiempo era el director del DIF, y ahora es el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad, que presentó una suspensión de amparo.

Se dictó medida cautelar de prisión preventiva a Raymundo Francisco ‘N’, probable responsable del delito de homicidio del menor, sin embargo, no ha sido localizado por la Agencia Estatal de Investigaciones por lo que se considera prófugo de la justicia, mientras Mauricio deberá acudir a firmar en forma periódica.

De acuerdo a la investigación, el día 8 de febrero de 2022, el menor se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado, y Raymundo Francisco ‘N’ golpeó su cara con puño cerrado, cayendo el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejo caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal, síntomas a los que durante las horas siguientes se sumaron los de debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes.

 Luego Mauricio Miguel giró instrucciones para eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución y ordenó la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito cerrado de la misma institución. A esta persona también se le atribuye la omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades correspondientes y ordenar un servicio funerario, incluida la incineración del cuerpo, sin haberse practicado una autopsia, esto con el fin de obstruir la investigación de los hechos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que la muerte de Ángel Manuel fue un crimen de Estado.

Ante ello, emitió una recomendación especial para que se ofrezca una disculpa pública, dos memoriales y una compensación económica por la muerte del adolescente el pasado 9 de febrero de 2022.

Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH dijo que la decisión es

por violaciones graves a los derechos humanos del adolescente y da un plazo de seis meses para el cumplimiento de la recomendación.

La diputada local del PRI, Jessica Martínez, presidenta de la Comisión Especial para que Investigue los Casos de Maltrato en la Casa Fabriles, exigió que sigan las investigaciones, tras de que ahora se sabe que el gobierno mintió y ocultó información, por lo que pide justicia en un hecho que muestra que no hubo muerte natural.

«Es reprochable que, teniendo las herramientas para dar justicia a un menor de edad, se hayan usado para lo contrario, para ocultar las causas reales de su muerte, nos llena de profundo dolor e impotencia que Ángel fuera agredido física y psicológicamente por personal del DIF, estamos cansadas de que el Gobierno del Estado mienta, sea incapaz de velar por la niñez y de que el operador político del Gobernador esté implicado en esto».

Martínez quien calificó de cobardía el que se hayan eliminado fotos, videos y mensajes así como la manipulación del sistema de circuito cerrado, espera que se castigue a los culpables y no haya impunidad.

Las diputadas del PAN, Lilia Olivares y Nancy Olguín,  coincidieron que este homicidio y el que esté implicado el ex director del DIF, Miguel Ángel Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, (quien tiene una suspensión) hace suponer que el Gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, sabían lo que realmente había ocurrido con el menor.

«Él no puede estar encubriendo, solapando y minimizando un hecho

tan grave, eso no puede ser, vamos a exigir justicia», añadió Olguín..

«Cuando recibimos el llamado de la ciudadanía de que algo malo había pasado en Fabriles, que ese niño no había muerto por causas naturales, representamos los intereses de esa familia y ese niño que estaba bajo la tutela de Fabriles, y ahora nos enteramos que fue así, que no murió por causas naturales como el Gobierno lo manejó en un comunicado oficial y que a ese niño lo mataron cuando debieron protegerlo», dijo la priista Lorena de la Garza.

Finalmente, todas coinciden en solicitar que Miguel Ángel Sánchez deje el cargo de presidente de MC para enfrentar el proceso.