Por: David Casas S.
Los penales de Nuevo León, están en un riesgo permanente de conflictos, advertencia hecha por Derechos Humanos y Ciudadanos en Apoyos a los Derechos Humanos, respectivamente; ahora casi llegan a la satura y al colapso financiero, acepta el propio gobierno.
Además de los riesgos sociales, los centros penitenciarios se enfrentan al problema financiero, pues están a punto de alcanzar los 10 mil internos. reconoce el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.
Actualmente se tienen 9 mil 750 internos, cuando al inicio del gobierno de Samuel García se contaba con 8 mil 750 personas privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario del Estado.
Recién ocupó la titularidad de la dependencia, el funcionario recordó que el último día que laboró en el Sistema Penitenciario el 21 de noviembre del 2007 y había 5 mil 300 presos, y a la fecha se ha duplicado la población penitenciaria.
«Eso no es sostenible ni desde un punto vista de ciudadanía ni desde un punto financiero, va a llegar un momento en el que necesitemos invertir mil millones de pesos en el estado penitenciario por lo tanto dejar de invertir en otras cosas», agregó.
Sin embargo, CADHAC, afirma que resulta inadmisible que las autoridades hayan desoído las múltiples alertas sobre la inminencia de un estallido violento en las cárceles del Estado de Nuevo León. Es tiempo de que nuestros gobernantes cumplan con lo ordenado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; garantizando la integridad física y emocional de todas las personas privadas de su libertad recluidas en los penales estatales del Estado de Nuevo León, demanda.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su vez, alertó sobre la falta de atención de enfermedades mentales y discapacidad psicosocial que presentan los internos en los distintos centros penitenciarios de la entidad.
El informe «Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables» detectó que en Nuevo León hay 53 personas internas declaradas como inimputables y 45 con discapacidad psicosocial, las cuales no han recibido una atención especializada. En los centros de reinserción social Femenil, 1 Norte, 2 Norte y 3 Oriente, se identificó a 98 personas privadas de la libertad con trastornos mentales, los valores más afectados, explica el estudio.
Las personas inimputables son las que cometieron un delito sin estar conscientes de los actos, de los 53 casos de este tipo 45 son hombres y 8 mujeres.
Va más allá el estudio y destaca que las mujeres padecen trastornos como esquizofrenia paranoide y disfunción cerebral, en tanto que los presos varones están en tal condición por una disfunción cerebral provocado por el consumo de drogas.
Pese a que este tipo de enfermedades y conductas requiere de una atención prioritaria, en los centros penitenciarios se carece de ello, incluso no se tiene una actualización de los expedientes clínicos de todos los reos, indica la CEDH, quien recomienda capacitar al personal penitenciario con perspectiva de derechos humanos para que se evite la estigmatización, la discriminación, los abusos y otras violaciones.
También contar con personal especializado en psiquiatría, y exige acciones para que las personas inimputables que cumplieron con la medida de seguridad impuesta sean puestas en libertad.
Ante los riesgos sociales, la saturación y hacinación que se avecina, y el colapso financiero, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos considera urgente abordar las graves fallas estructurales que han permitido que la situación llegue a este punto.
“El Estado debe replantearse sus estrategias para hacer frente a la corrupción y para manejar espacios tan delicados como los centros de privación de la libertad. También deben abordarse las políticas que han multiplicado el número de personas detenidas, muchos por delitos menores, o que aún no tienen una condena”.
“Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación penitenciaria deben inscribirse en un proceso de construcción de paz y de comunidad, y deben alejarse de los estándares de venganza social y de la violencia estereotipada y discriminatoria en contra de la población sujeta de sanciones penales. Toda acción debe estar puntualmente acompañada por la sociedad civil y enmarcarse en un auténtico esfuerzo de democratización de las políticas públicas de seguridad y de justicia”, acota.
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