Nuevas normas dadas a conocer el miércoles eliminan una antigua barrera a la investigación de células madre al recomendar que se permita a los investigadores desarrollar embriones humanos por más tiempo bajo ciertas condiciones.
La “regla de los 14 días”, un patrón ético internacional que limita los estudios de laboratorio de embriones humanos, rige desde hace décadas y está consagrado en las leyes de varios países como Gran Bretaña y Australia. Obliga a los científicos a que destruyan los embriones humanos desarrollados en el laboratorio antes de que cumplan los 14 días.
Algunos investigadores son partidarios de revisar la norma para estudiar mejor el proceso de desarrollo, mientras otros dicen que esos experimentos violan una norma moral y no está claro si el cambio beneficia las investigaciones.
El límite original era arbitrario e impedía estudiar un período crucial en el desarrollo del embrión, el que va de los 14 a los 28 días, dijo Robin Lovell-Badge, experto en células madre del Instituto Crick de Londres y jefe del grupo que elabora las nuevas normas.
“Pensamos que muchas anormalidades congénitas se desarrollan inicialmente durante este período”, dijo Lovell-Badge. “Al comprender mejor estas etapas iniciales, podríamos aprobar procedimientos sencillos para reducir el sufrimiento”.
Las normas, actualizadas por última vez en 2016, fueron emitidas por la Sociedad Internacional de Investigación de Células Madres (ISSCR, por sus siglas en inglés). Sus estándares son de aceptación general por países, publicaciones médicas y los investigadores. No aclaran por cuánto tiempo más se podrían desarrollar los embriones.
En el Reino Unido, la aprobación de las nuevas normas requeriría un cambio en la ley y una “revisión profunda” por la autoridad regulatoria nacional, dijo Lovell-Badge.
No es un “semáforo verde” para que los científicos amplíen la investigación de los embriones, lo cual “sería irresponsable”, dijo Kathy Niakan, de la Universidad de Cambridge, que colaboró en la elaboración de las normas.
Niakan dijo que es necesario un diálogo público con científicos, reguladores, financistas y el público en general para discutir las posibles objeciones. El trabajo requiere un amplio consenso público y los países podrían utilizar un proceso de supervisión especializado para ponderar los méritos científicos de la investigación. ( AP )
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