El Congreso de Nuevo León aprobó el exhorto presentado por la diputada local Grecia Benavides Flores, del grupo legislativo de Morena, con el objetivo de garantizar que el derecho a la libre manifestación sea respetado en la entidad y que ninguna autoridad utilice la vía penal como herramienta para intimidar o reprimir a la ciudadanía.

Desde tribuna, Benavides señaló que el dictamen tiene su origen en hechos concretos ocurridos en el estado, donde un joven manifestante fue detenido y judicializado por protestar contra el aumento al transporte público.

“Manifestarse es un derecho y no lo puede reprimir ningún gobierno. Hoy lo decimos con toda claridad: la protesta social no es un crimen, es un derecho”, subrayó.

La legisladora recordó que este debate se da a un día del aniversario de la masacre de Tlatelolco y advirtió sobre los riesgos de repetir patrones de represión del pasado: “Cuando un Estado calla a sus jóvenes y a su pueblo y reprime la inconformidad social, se condena al silencio. Protestar pacíficamente no es un delito; es un derecho que fortalece la democracia.”

El exhorto aprobado llama al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Justicia a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a abstenerse de criminalizar la protesta social. Benavides insistió en que escuchar y atender las demandas ciudadanas no es una concesión, sino una obligación de todo gobierno que se asuma democrático.

Al cierre de su intervención, afirmó que la aprobación del dictamen coloca al Congreso “del lado correcto de la historia, junto a quienes protestan pacíficamente para defender lo que es justo”.

Con esta resolución, el Legislativo envía un mensaje claro: en Nuevo León, la protesta social debe ser respetada como un pilar de la democracia y nunca perseguida como un crimen.