En Nuevo León existen 114 instituciones privadas y 2 públicas que prestan el servicio para la atención de adicciones.

Ante los hechos de violencia acontecidos en centros para el tratamiento y control de adicciones en Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Salud del estado a trabajar en la supervisión de estos establecimientos públicos y privados.

En un documento dirigido a la Secretaria Alma Rosa Marroquín Escamilla, la CEDHNL aclaró que solicitó a la dependencia el acceso para presentar un diagnóstico que sea de utilidad, pero le fue negado, por lo que en noviembre y diciembre del año pasado realizó un requerimiento para conocer por escrito las condiciones actuales de estos centros.

“Esta Comisión tiene conocimiento, por la integración de sus expedientes de queja, de casos relacionados con violencias ocurridas al interior de los centros para la atención de adicciones que, en la mayoría de los casos, han resultado ser establecimientos que no contaban con los permisos correspondientes, viéndose afectados los derechos a la salud, integridad personal e inclusive a la vida de las personas usuarias de dichos centros”, señaló la CEDHNL.

“Resulta relevante la adopción de medidas, de forma inmediata y diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones a la integridad personal, salud y vida de las personas usuarias de servicios para el tratamiento y control de adicciones”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado, en Nuevo León existen 2 instituciones públicas y 114 instituciones privadas que prestan el servicio de tratamiento y control de adicciones.

“Si bien el Estado puede concesionar la prestación de servicios a la iniciativa privada, esto exige como elemento fundamental la responsabilidad del Estado de supervisar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios sean provistos a la colectividad de la forma más efectiva posible”, mencionó el organismo defensor de derechos humanos.

“También el Estado debe proporcionar y difundir información adecuada y suficiente sobre los centros para el tratamiento y control de adicciones, con el fin de evitar que las personas que requieran este servicio acudan a establecimientos que no cuenten con los permisos correspondientes”.

Actualmente, la CEDHNL registró 5 expedientes de queja en 2021, relacionados con los centros para el tratamiento y control de adicciones, públicos y privados.