¿La maquinaria electoral desde el poder? Denuncian presiones políticas a trabajadores del municipio de Juárez NL

Empleados municipales aseguran que son presionados para fortalecer la estructura electoral de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027. Las acusaciones apuntan también hacia operadores vinculados al Gobierno de Nuevo León.

Las denuncias provenientes del municipio de Juárez, Nuevo León, dibujan un escenario que, de confirmarse, debería encender las alertas de las autoridades electorales y de fiscalización. Trabajadores municipales afirman estar siendo utilizados como parte de una estrategia político-electoral con el objetivo de conservar para Movimiento Ciudadano el control del Ayuntamiento en las elecciones de 2027.

De acuerdo con diversos testimonios recabados entre empleados del municipio, quienes laboran en la administración y cuentan con credencial para votar registrada en otro municipio presuntamente están siendo presionados para cambiar su domicilio electoral a Juárez.

Según los denunciantes, a quienes no tienen residencia en ese municipio incluso se les sugiere conseguir un comprobante de domicilio —como un recibo de agua o energía eléctrica— proporcionado por familiares o amigos que sí vivan en Juárez, con el propósito de realizar el trámite ante la autoridad electoral.

Las presiones, aseguran, no terminan ahí. También denuncian que a cada trabajador se le estaría solicitando conseguir diez ciudadanos con credencial de elector vigente en Juárez para fortalecer la estructura territorial rumbo al próximo proceso electoral.

Señalamientos que alcanzan al Gobierno del Estado

De acuerdo con las versiones expresadas por trabajadores municipales, estas presuntas acciones no responderían únicamente a decisiones internas del Ayuntamiento, sino que formarían parte de una estrategia política más amplia impulsada desde el Gobierno de Nuevo León.

Los denunciantes atribuyen la coordinación política de estas prácticas, de manera presunta, al entorno del gobernador Samuel García, así como a Félix Arratia, esposo de la alcaldesa de Juárez y funcionario de la administración estatal, a quienes señalan como figuras con influencia en la operación política del municipio. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de estas personas respecto de estos señalamientos.

Por la gravedad de estas acusaciones, corresponde a las autoridades competentes investigar si existieron instrucciones, presiones o cualquier otra conducta que pudiera representar un uso indebido de recursos públicos o de la estructura gubernamental con fines electorales.

Trabajadores: mano de obra barata y operadores políticos

Además de las presuntas presiones electorales, los empleados denuncian condiciones laborales que consideran indignas.

Aseguran que numerosos profesionistas con licenciatura reciben salarios que califican como insuficientes y que frecuentemente son obligados a desempeñar labores ajenas a las funciones para las cuales fueron contratados.

Uno de los casos expuestos corresponde a un empleado con funciones administrativas que, pese a su preparación profesional, es enviado a realizar trabajos de deshierbe y descacharrización. Cuando cuestiona dichas instrucciones, la respuesta que recibe, según los testimonios, es que “quien trabaja en Juárez debe tener disponibilidad para todo”.

Esta política, afirman los trabajadores, ha generado inconformidad, desgaste físico y emocional, así como una constante sensación de incertidumbre laboral.

Democracia bajo sospecha

Si estas denuncias llegaran a acreditarse mediante las investigaciones correspondientes, se estaría frente a un esquema profundamente preocupante para la vida democrática del estado.

Los gobiernos existen para administrar recursos públicos y prestar servicios a la ciudadanía, no para convertir a sus trabajadores en promotores políticos ni en operadores electorales.

El servicio público debe regirse por los principios de legalidad, imparcialidad y neutralidad. Ningún servidor público debería sentirse obligado a participar en actividades políticas por temor a perder su empleo o sufrir represalias administrativas.

Corresponde a las autoridades electorales, a las instancias de control interno y a los organismos responsables de garantizar los derechos laborales esclarecer estos señalamientos. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Juárez, el Gobierno de Nuevo León y las personas mencionadas tienen derecho a exponer públicamente su versión de los hechos y responder a las acusaciones formuladas por los trabajadores.

Porque cuando la estructura gubernamental es señalada por presuntamente operar con fines electorales, no sólo está en juego una elección: está en juego la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.